Porras y Curruchiche, la antítesis de la democracia en Guatemala

Los abogados Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, fiscal general y fiscal contra la impunidad, encarnan en este momento el prototipo del funcionario indeseable en cualquier administración pública. Hacía ya algunos años en Guatemala que servidores del Estado no despertaban tantas animadversiones como ellos dos, los rostros non gratos en un país donde las tormentas políticas son continuas, pero que pasan facturas y muy caras.

María Consuelo Porras Argueta ostenta el cargo desde 2018 y fue reelegida en 2022. Graduada de la Universidad San Carlos, esta mujer de 70 años llegó al puesto designada por el expresidente Jimmy Morales y luego, 4 años después, por el mandatario saliente, Alejandro Giammattei.

Su gestión ha estado marcada por la vergonzosa mancha de perseguir a quienes se constituyeron como los principales combatientes contra la corrupción (Thelma Aldana, predecesora de Porras; Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción; el juez Miguel Ángel Gálvez, por mencionar algunos) y casi todos están en el exilio y son perseguidos por la justicia.

Unos 30 en total y se dice que es Porras quien busca capturarlos y castigarlos. Los críticos de la fiscal general sostienen que lo hace respondiendo a intereses “del pacto de corruptos”, como le llaman al círculo político en el poder.

Y Curruchiche, nombrado fiscal contra la impunidad en agosto de 2021 por Porras, es su caballo de batalla, el que va al frente de los casos más polémicos de los últimos años, como encarcelar hasta condenar a un reconocido periodista (José Rubén Zamora, quien destapó casos de corrupción ligados al presidente Alejandro Giammattei), o la persecución con fines de cancelación del Movimiento Semilla, el partido de presidente electo Bernardo Arévalo, cuyas acciones podrían incluso impedir que este asuma el Ejecutivo el 14 de enero próximo.

Este fiscal especial es el mismo que paró las investigaciones en contra de Giammattei, por acusaciones de corrupción.

Envuelto en aires, que él mismo se adjudica de implacable y redentor de la legalidad, se atrevió a decir hace unos días que “defiende la democracia”.  Lo hizo el día que con su equipo y un nutrido operativo policial, allanó el Tribunal Supremo Electoral y se disponía a llegar al extremo de confiscar las actas que contienen los resultados que dan por ganador a Arévalo.

En contracorriente, Estados Unidos, España, Parlamento Europeo, empresarios locales, industriales y políticos de oposición lo califican como antidemocrático.

Pero semejantes acusaciones parecen no inmutar ni a Curruchiche ni a Porras, quienes apenas se refieren a la tormenta política que han desatado.

Extraoficialmente se sabe que los dos cuestionados fiscales son protegidos de Giammattei, quien frente a sí tiene una tempestad política, por la persecución judicial electoral, y apenas ha dicho que el poder lo entregará de forma ordenada y transparente, pero ni siquiera ha hecho un comentario que señale que se opone al trabajo sucio del Ministerio Público.

En la misma órbita gravitan Cinthia Monterroso, fiscal que persigue a Semilla, y el juez Fredy Orellana, quien dio su aval para la persecución judicial política.

Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana han sido sancionados por Estados Unidos, por ser actores corruptos y antidemocráticos, incluidos en la conocida como Lista Engel.

“Lamentablemente, la fiscal general, Consuelo Porras, ha conducido al Ministerio Público a niveles de acción que constituyen una afrenta a la ciudadanía guatemalteca”, publicó este domingo Prensa Libre, el periódico más importante de Guatemala, con una franqueza indiscutible. 

“Nuevos intentos de despojar de inmunidad a funcionarios del TSE y recientes allanamientos a sus oficinas socavan la democracia. Estados Unidos se une al pueblo de Guatemala en apoyo a la democracia inclusiva, y apoya el trabajo crucial de la misión de la OEA para asegurar una transición pacífica”, publicó el representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora.

Y detrás de esos graves hechos que él menciona aparece la firma Porras y Curruchiche, el dúo “malévolo” más repudiado del momento por la sociedad guatemalteca.

La pregunta es, ¿hasta dónde llegarán los “golpistas” (así los ha calificado Arévalo a los funcionarios fiscales)? El tiempo lo dirá. Por el momento, su misión de mantener a Guatemala junto a un avispero da cada semana más sorpresas.

Lo cierto es que este país, a pesar de sus profundos surcos de corrupción, ha sabido tumbar funcionarios con protestas masivas (como la de 2015, cuando Otto Pérez Molina se vio obligado a renunciar a la presidencia para luego ser arrestado y condenado por corrupción). Y quizá el caso Arévalo-MP-eleccione-democracia sea una nueva prueba de fuego para una sociedad cansada de tanto desmadre.