El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de referéndum para anular los controles y fiscalización de la Contraloría General de la República costarricense.
Antes de hacer realidad la propuesta, Chaves había sugerido públicamente que su propuesta de referéndum sería sobre las jornadas laborales 4×3, la venta de las acciones del Banco de Costa Rica y la apertura del mercado eléctrico a la inversión privada.
Al contrario, ayer Chaves dejó claro que su proyecto impondría una camisa de fuerza y eliminaría capacidad de fiscalización previa de la Contraloría.
El proyecto denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, tiene por objetivo pedirle a la Asamblea Legislativa que autorice un referéndum mediante la modalidad mancomunada, propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo, que requiere 29 votos para ser convocado.
La ley de Chaves, suministrado a la prensa por la Asamblea Legislativa tras los procedimientos de recepción, consiste en reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a la Ley General de Control Interno, a la Ley General de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
De acuerdo con la propuesta oficialista, la ley impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior a modo de auditoría.
Además, se le retiraría a la Contraloría la potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecta irregularidades o ilegalidades en las contrataciones.
La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse mediante orden judicial, en procesos judiciales burocráticos ante los tribunales.
Además, el proyecto establecería que la CGR “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
La propuesta de Chaves de un referéndum llega apenas días después de anunciar sus intenciones de una reelección presidencial y de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que reforme profundamente la Constitución Política de Costa Rica.
El anuncio y su plan encuentran resistencia en los curules de la Asamblea Legislativa, donde varios diputados rechazan de antemano su propuesta por considerarla fuera del orden constitucional y la democracia.
Chaves, ascendido al poder en 2022, ha llevado una administración pública conflictiva contra los poderes del Estado y las instituciones públicas y sociales de Costa Rica, al grado de acumular 40 causas e investigaciones que investigan 50 presuntos delitos cometidos desde la función pública.