En conmemoración del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos este 9 de diciembre, el Colectivo Nicaragua Nunca Más resaltó la valentía y sacrificio de aquellos que han defendido incansablemente los derechos humanos en Nicaragua, enfrentando persecución, encarcelamiento, tortura, y hasta la pérdida de la nacionalidad y propiedades por órdenes de los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Colectivo, exiliado con base en Costa Rica, instó a la comunidad internacional a mantener su atención en las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura nicaragüense, que utiliza a la Policía, jueces y fiscales para criminalizar a cualquier opositor.
En un dramático repunte de la represión estatal, en febrero de 2023, el régimen expulsó a 222 personas, quienes habían sido detenidas ilegalmente y mantenidas en prisión por hasta 3 años. Estas expulsiones y la revocación de la nacionalidad nicaragüense se comparan con medidas utilizadas por regímenes totalitarios como el nazi en Alemania.
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Entre los más de 300 nicaragüenses afectados por la pérdida de la ciudadanía se encontraban periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, religiosos, feministas y opositores.
Desde abril de 2018, la brutalidad estatal ha resultado en al menos 355 muertes, miles de detenidos, torturados y desaparecidos, junto a más de cuatro mil heridos y cientos de miles de exiliados o desplazados.
El Colectivo destacó casos emblemáticos como el de Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una organización cerrada ilegalmente en 2018, y Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, un firme crítico de la represión estatal, quien fue detenido ilegalmente y condenado a 26 años de cárcel.
El Colectivo exhortó a los organismos internacionales y a los países democráticos a continuar presionando a la dictadura nicaragüense para que respete los derechos humanos, libere a los más de 100 presos políticos y retorne a la democracia.
La situación en Nicaragua sigue siendo crítica, con la dictadura cerrando más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación y persiguiendo a la Iglesia.
Sin embargo, el Colectivo se mantiene firme en su convicción de que “la libertad de conciencia prevalecerá y abogará por un cambio que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos”.