Un día más de terror sufre la Iglesia Católica en Nicaragua bajo la dictadura de la familia Ortega-Murillo: un sacerdote más ha sido secuestrado y desaparecido después de una misa.
El sacerdote Marcos Díaz, de la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Corinto, ciudad costera de Chinandega (al noroeste del Pacífico de Nicaragua) fue detenido la tarde del jueves 28 de diciembre.
Según las denuncias ciudadanas, su última misa la ofició ayer por la tarde y luego de ello fue interceptado por civiles y desde entonces se encuentra en estado de desaparición forzada.
Este sería el cuarto religioso arrestado en los últimos días por el régimen de Nicaragua, ya que en menos de 48 horas ha detenido a tres sacerdotes más, luego de un discurso de odio de la vice-dictadora Rosario Murillo, quien en cadena de radio y medios oficialistas acusó a los sacerdotes de “demonios” y “asesinos”.
Continúan los secuestros de la dictadura Ortega Murillo en #Nicaragua contra sacerdotes. El padre Marcos Diaz Prado , de la Diócesis de León ha sido secuestrado esta mañana y se desconoce su paradero. @silviojbaez pic.twitter.com/ogn80mSuBj
— Emiliano Chamorro / Periodista Nicaragüense (@EmilianoCHM69) December 29, 2023
En una macabra posición de odio contra los religiosos, tanto el dictador Daniel Ortega como Murillo, acusan a los religiosos de haber promovido un “intento de golpe de estado”, que es la justificación oficial desde 2018 para justificar la represión contra las protestas sociales que demandaban cambios en el sistema de Seguridad Social y en el sistema de gobierno.
Ortega y Murillo llegaron al poder en 2006 con el 38% de los votos gracias a un pacto político con el ex presidente acusado de corrupción, Arnoldo Alemán, quien rebajó el porcentaje para optar a la presidencia del 45% al 35% por ciento, con lo cual la baja tasa de aceptación del tirano nicaragüense se ajustó por la mínima para llegar a la presidencia en 2007.
Desde entonces, Ortega se ha atornillado en el poder gracias a fraudes electorales y represión sanguinaria, por lo cual ha sido señalado junto a su familia de cometer crímenes de lesa humanidad como destierro y exilio forzado, cárcel arbitraria, ejecuciones sumarias, despatriar a ciudadanos, desaparición forzosa, tortura, violaciones sexuales y genocidio.
La rabia y odio de Murillo y Ortega contra la Iglesia Católica, es porque las parroquias acogieron y protegieron a las víctimas de la represión de policías, militares y fanáticos armados por el régimen.
Además, los jerarcas católicos participaron en el fallido diálogo nacional de 2018 y 2019 para tratar de encontrar una salida pacífica a la violencia estatal que a la fecha ha provocado 355 muertes, 4,000 heridos, miles de detenidos y torturados, cientos de desnacionalizados y cientos de miles de exiliados y desterrados.
Ahora, la dictadura acusa a los religiosos de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de Ortega y Murillo, quienes dieron la orden “vamos con todo”, que significó disparar a matar para disolver las protestas.
En su guerra sucia contra la Iglesia, Ortega y Murillo han expulsado a cientos de religiosos, desterrados a obispos y monseñores, apresado a decenas, confiscados sus bienes y nacionalizados centros de beneficencia como escuelas, universidades, clínicas, comedores, orfanatos, asilos de ancianos, centros deportivos y más bienes.
Ortega ha calificado a la iglesia y hasta al papa Francisco como “mafias”, lo que generó una reacción inusual del Sumo Pontífice, quien calificó de “desequilibrado” a Ortega y comparó su dictadura con lo peor de la dictadura comunista y lo peor de la dictadura fascista de los nazis.
Producto del odio y saña sandinista contra el clero, 12 sacerdotes que estaban secuestrados en las cárceles fueron desterrados a Roma, pero mantienen en prisión de máxima seguridad al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel.
Ahora, además, otro obispo está en condición de desaparición y ya suman cinco sacerdotes detenidos en las últimas semanas, quienes han abogado y orado por la libertad de Álvarez.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos claman por la libertad y respeto de la integridad de los sacerdotes secuestrados por la dictadura Ortega-Murillo.