Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica busca modificar las normas que rigen los allanamientos judiciales, eliminando las actuales limitaciones de horario y días en los que se pueden realizar.
La propuesta de ley 24.295 plantea una reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal, permitiendo que los allanamientos puedan llevarse a cabo en cualquier momento, incluso durante feriados.
El proyecto de ley mantiene los plazos actuales de 3 y 5 días naturales para que los jueces emitan resoluciones sobre allanamientos en casos de tramitación ordinaria o con declaratoria especial de criminalidad organizada o compleja.
El texto completo de la propuesta está disponible en el enlace 24495.
La iniciativa proviene de la diputada Monserrat Ruiz Guevara, del Partido Liberación Nacional.
Según Ruiz Guevara, el objetivo de esta reforma es contrarrestar el aumento de la criminalidad organizada en el país.
La diputada señaló que la propuesta surgió de mesas de trabajo coordinadas con el Organismo de Investigación Judicial y la comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
“Extender los horarios permitirá que los allanamientos judiciales se realicen sin demoras, eliminando el impedimento que representan las restricciones horarias para las diligencias investigativas y judiciales, lo que facilita la obtención de pruebas y fortalece la eficacia del proceso judicial, además de robustecer las capacidades de las fuerzas policiales en las investigaciones”, explicó la diputada Ruiz.
En su exposición de motivos, agregó que “el paso del tiempo sin tratar adecuadamente los indicios reduce las posibilidades de obtener resultados favorables en la investigación criminal”.
Ruiz también mencionó que el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la práctica del allanamiento permite al responsable “deshacerse de las herramientas utilizadas en el delito, ocultar los bienes ilícitos obtenidos o incluso destruir evidencia clave para el esclarecimiento de los hechos”.
La diputada destacó que estudios de derecho comparado, realizados antes de la redacción de la propuesta, indicaron que Costa Rica es uno de los países con mayores restricciones en cuanto a los horarios permitidos para realizar allanamientos.
Costa Rica lleva más de 3 años consecutivos registrando un aumento de la violencia del crimen organizado, alcanzado su máximo pico en 2023 con 907 homicidios.