Transportistas de autobuses de Tegucigalpa exigen “verdadera” seguridad ante el acoso de extorsionistas

Entre amenazas de paro y denuncias de un incremento de extorsiones, empresarios del sector llamaron al ministro de Seguridad a enviar a los policías a donde se refugian los delincuentes.

Transportistas de colectivos durante una protesta en Tegucigalpa, por las extorsiones que sufren (foto tomada de redes sociales).

Los transportistas de colectivos en el Distrito Central de Honduras continúan denunciando amenazas de los extorsionistas y exigiendo a las autoridades de Seguridad atender sus demandas, mientras circulan informaciones sobre potenciales paros en el servicio y el gobierno les advierte que no permitirá bloqueos de calles como protestas.

Uno de los dirigentes del sector, Jorge Lanza, desmintió la suspensión del servicio y la toma de carreteras, pero llamó al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, a que “saque las tanquetas y soldados” y los envíe a donde están los delincuentes que los extorsionan.

“Nosotros estamos trabajando normalmente. El viernes con Rafael Barahona (comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre) y es posible que nos tenga la reunión con doña Xiomara Castro”, explicó a HCH televisora digital, un medio local.

“Que los mande ahorita (los recursos de seguridad pública) a todos los lugares donde están los delincuentes y los extorsionadores, que nos amenazaron ayer que necesitan más pisto (dinero)”, le pidió al ministro del ramo.

“Ya no los aguantamos”, insistió, al referirse a los delincuentes.

Mientras tanto, los autobuses que operan en Río Abajo, en el centro de Tegucigalpa, funcionan de manera irregular debido a las exigencias de los extorsionistas.

Reportes periodísticos dan cuenta que la noche del lunes los propietarios de los vehículos de transporte colectivo lograron un acuerdo con los extorsionistas que les han dicho que para no ser blanco de ataques deben pagar poco más de $4,000 (100,000 lempiras).

Se informó que los delincuentes aceptaron recibirle $2,000 y darles tiempo para que unos días después les entreguen el resto.

La extorsión es uno de los principales delitos en este, el país más violento de Centroamérica. Los esfuerzos de seguridad pública del gobierno de Xiomara Castro no han logrado contenerla, a pesar de un régimen de excepción vigente desde diciembre de 2022 que tiene como uno de sus objetivos “golpear” a los extorsionadores.

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