El fiscal contra la impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, mantiene su intención de “dinamitar” de alguna forma la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo y para ello presentó una apelación a la Corte de Constitucionalidad contra un amparo aceptado por ese tribunal que garantiza un traspaso de mando del Ejecutivo “en orden” y sin alteración.
Curruchiche, uno de los ayudantes de la fiscal general, Consuelo Porras, ambos considerados funcionarios corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos, presentó un documento que busca” revocar” la decisión de garantizar la alternabilidad presidencial.
En la resolución ordenan a la fiscalía contra la impunidad “proceder diligentemente en apego a los principios que rigen el proceso penal y cuidando de cumplir estrictamente con los plazos procesales establecidos en la ley”.
#URGENTE 🚨 Jefe de la FECI se opuso a fallo que ordena garantizar toma de posesión de Bernardo Arévalo y demás funcionarios electos
Rafael Curruchiche impugnó la resolución que ordenó garantizar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y los funcionarios electos durante las… pic.twitter.com/lzKQfqi585
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 5, 2024
En el documento también se ordena, que pese a que es una entidad encargada de procesos de investigación para la averiguación de la verdad, deben de garantizar la alternabilidad de mando.
Curruchiche, quien apeló el 17 de diciembre pero cuya acción apenas se conoció, sostiene que no existen argumentos reales que atenten contra la alternabilidad de las autoridades.
“El amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces para crear siquiera remotamente, un mínimo grado de convicción que llegue a hacer creer que existe el riesgo y amenaza que alegan”, dice el escrito.
Curruchiche encabezó una investigación que, dice, revela actos de corrupción de parte del partido Movimiento Semilla, el de Arévalo, por lo que pidió se anulen las elecciones.
Según esta, las actas electorales no tienen valor por posibles anomalías, lo que alteró los resultados del 25 de junio, cuando el ahora presidente electo avanzó al balotaje.
Desde esa fecha, Arévalo y su partido han sido perseguidos por el Ministerio Público, a lo que gran parte de la sociedad, empresarios, opositores al gobierno de Alejandro Giammattei, Estados Unidos, la OEA, ONU, Unión Europea y otros reaccionaron llamándolo intento de golpe de Estado.