El presidente del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dentro del rosario de abusos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han documentado un intento de ese régimen por extender el control sobre los migrantes y exiliados políticos.
“Estamos documentando los esfuerzos del régimen para extender su control sobre nicaragüenses que se encuentran fuera de su territorio”, dijo Simon durante la actualización de la investigación de la ONU sobre la violación masiva de derechos humanos en Nicaragua.
Según el investigador alemán, la dictadura le niega el reingreso a los viajeros nicaragüenses que salen del país en cualquier tipo de misión y se les priva arbitrariamente de su nacionalidad y sus bienes.
Investigaciones periodísticas han revelado que mediante el sistema de espionaje cruzado entre la Policía, el Ejército y Migración y Extranjería, se ha creado un listado de personas consideradas “objetivos de interés”, ya sea por su profesión, antecedentes laborales o identidad ideológica contraria a la izquierda sandinista.
Según Simon, las autoridades al servicio de la familia Ortega-Murillo han despojado de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses y han negado el ingreso a otros.
Simon ahondó sobre los métodos de represión a la disidencia y recordó que cuando muchos de los críticos salen del país “se les quita todo: su hogar, su nacionalidad, todos los derechos que han tenido”.
Además señala que al no poder actuar contra las personas consideradas opositores, los empleados del régimen toman represalias contra las familias de los exiliados.
En el documento de última actualización de lo que ocurre en Nicaragua, el grupo de expertos, conformado por Ángela María Buitrago, Ariela Peralta Distefano y Jan-Michael Simon, resaltan que “Ortega, la Vicepresidenta Murillo y otros, han estado llevando a cabo hechos que constituyen prima facie (en principio) el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.
“Concluimos que los crímenes gozan de total impunidad y todo el aparato del Estado es puesto al servicio de este fin. Desde nuestro informe, esta situación ha continuado”, indican en el documento.
Como sugerencias, el grupo de expertos propone a la comunidad internacional ampliar las sanciones contra instituciones y personas involucradas en la comisión de las violaciones y crímenes internacionales, incluyendo aquellas involucradas en las violaciones contra el sector universitario de Nicaragua.
Del mismo modo, y por las razones de confiscaciones de universidades privadas, ellos proponen evaluar la cooperación al desarrollo actual y futura a Nicaragua “con el objetivo de fortalecer una gama plural y diversa de actores de la educación superior, para garantizar el derecho a la educación y la libertad académica”.
Jan-Michael Simon es investigador senior en el Instituto Max Planck para la Investigación sobre criminalidad, seguridad y derecho, especializado en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional.
Es abogado de formación, inició su carrera profesional internacional en 1997 en la Comisión de la Verdad patrocinada por la ONU en Guatemala, investigando las violaciones de los derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno.
Tiene una larga trayectoria en la cual combina la investigación con la práctica en materia de derechos humanos, justicia transicional, estado de derecho y lucha contra la corrupción, principalmente en las Américas.