Luego de congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la dictadura de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó intervenir e inmovilizar los bienes y propiedades del principal centro de educación jesuita del país centroamericano.
Esta segunda fase es considerada, a criterio de docentes y autoridades universitarias, la antesala de la confiscación y toma definitiva de la más antigua universidad privada del país.
De acuerdo a fuentes ligadas a la universidad, filtradas al medio Divergentes, el Registro Público de la Propiedad Pública y Privada inmovilizó todos los bienes inmuebles de la institución jesuita, por orientación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Autoridades de la universidad, a condición de anonimato, han confirmado ambas acciones: la congelación de cuentas y la intervención de los bienes.
El estado de desconcierto e incertidumbre entre autoridades educativas, docentes y estudiantes es total, ya que se vienen enterando de los hechos por las noticias de los medios independientes, ya que la dictadura no ha notificado oficialmente nada.
Las dos instituciones que se han encargado de asfixiar a la universidad han sido el Ministerio de Gobernación, el principal verdugo de las organizaciones civiles y privadas, la Superintendencia de Bancos, recientemente sancionada y la PGR, también sancionada por violar los derechos civiles y de propiedad de empresarios, sacerdotes, estudiantes, periodistas, activistas y toda persona considerada opositora.
A la UCA ya se le había negado la acreditación del Consejo Nacional de Universidades (CNU), del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (Migob) para operar legalmente.
Además, le habían negado el presupuesto estatal y la habían excluido del apoyo estatal establecido en la Constitución Política de Nicaragua.
Personeros a sueldo de la dictadura, como el diputado ex liberal y ahora radical sandinista Wilfredo Navarro, ex estudiante de esa alma mater, ya había advertido que la UCA debería ser clausurada por “formar a terroristas”.
La dictadura califica de terrorista a toda persona que cuestiona sus abusos y desmanes de manera pública o privada.
Más de 3,000 estudiantes ahora permanecen con el alma en vilo ante la posible confiscación de la dictadura.
Expertos en educación superior consideran que las cancelaciones son parte de un plan de control total del régimen sandinista en todas las escalas de la educación nicaragüense.
Catedráticos, exrectores, estudiantes y politólogos consultados coinciden en que la pareja gobernante pretende eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre.
Voces críticas considera la agresión a la universidad como una revancha de la dictadura contra el Iglesia Católica y el papa Francisco, quien este año calificó al régimen como lo peor de las dictaduras comunistas y fascistas, mientras consideró a Ortega como “una persona con desequilibrio”.