Nicaragua figura entre los siete más países del mundo con tendencias más atroces de violaciones a la libertad religiosa, dijo el miércoles un nuevo informe de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF).
Este año, los países que encabezan la lista de la USCIRF de los más atroces violadores de la libertad religiosa del mundo fueron Afganistán, Azerbaiyán, Birmania, China, Cuba, Eritrea, India, Irán, Nicaragua, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.
“El gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo intensificaron sus esfuerzos para arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos y laicos católicos. El gobierno también canceló el estatus legal de las organizaciones católicas, confiscó sus propiedades y acosó e intimidó a los fieles”, dice el informe sobre Nicaragua.
La USCIRF señala que el gobierno de Nicaragua utilizó cargos espurios como difusión de “noticias falsas” y “conspiración para socavar la integridad nacional” para justificar el arresto arbitrario, el encarcelamiento y el exilio de miembros de la Iglesia Católica.
El informe cita el ejemplo de la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión así como el despojo de su ciudadanía en represalia por sus críticas a las acciones del gobierno, incluso durante sus homilías y sermones. Además, el destierro de presos religiosos de conciencia como el padre Oscar Benavidez, el seminarista Darvin Leiva, los sacerdotes Álvaro Toledo y Osman José Amador Guillén, así como el caso del obispo Isidro Mora fue arrestado después de pedir a los feligreses que oraran por el obispo Álvarez durante la misa.
La USCIRF cita también el caso del periodista Víctor Ticay, quien fue condenado a ocho años de prisión por grabar y publicar en línea una celebración prohibida de la Semana Santa en Nandaime.
La comisión estadounidense también denuncia la cancelación y confiscación de la Universidad Centroamericana de la Congregación Jesuita, así como los casos de la Universidad Juan Pablo II y de Cáritas Nicaragua, una organización caritativa católica, la Universidad Católica Inmaculada Concepción de Managua, un centro de formación para seminaristas, y del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, una escuela dirigida por monjas.
“El pretexto apenas disimulado del régimen Ortega-Murillo para estas y otras cancelaciones fue el supuesto incumplimiento de las organizaciones con regulaciones burocráticas o supuestas disoluciones voluntarias. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Centroamérica dirigida por los jesuitas, el gobierno cerró la institución después de alegar sin fundamento que estaba involucrada en terrorismo”, dice el informe.
El informe denuncia que “el acoso continuo a los fieles adoptó muchas formas”.
“Agentes gubernamentales uniformados y vestidos de civil intimidaron al clero y a los feligreses vigilando visiblemente los servicios religiosos. El régimen Ortega-Murillo prohibió la observancia pública de tradiciones católicas como las procesiones callejeras durante la Semana Santa. El presidente Ortega y el vicepresidente Murillo también utilizaron un lenguaje despectivo para demonizar a la Iglesia católica, refiriéndose a ella como una “mafia” y llamando a los sacerdotes “representantes del diablo”, recuerda el informe.