Si el “Golpe de Estado en cámara lenta” que se desarrolla en Guatemala se concreta definitivamente y al presidente electo, Bernardo Arévalo se le impide asumir el poder el 14 de enero próximo, las consecuencias económicas y políticas para el país serían catastróficas, señalan analistas.
La primera advertencia ha venido del jefe de la diplomacia estadounidense en las Américas, Brian A. Nichols, al condenar “las últimas acciones antidemocráticas por parte del Ministerio Público”, calificadas como “otro intento flagrante e inaceptable de desafiar la voluntad de los guatemaltecos y negar la elección del presidente electo Bernardo Arévalo”.
Nichols notificó claramente a Guatemala: “Tales acciones ponen en peligro la reputación favorable al mercado de Guatemala y serán recibidas con una fuerte respuesta de Estados Unidos”.
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, altamente dependiente de los Estados Unidos. Guatemala exporta más de un tercio de sus productos a Estados Unidos, su principal socio comercial.
Además, Guatemala tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Aislamiento Internacional y sanciones
De ahí que un Golpe de Estado y la instauración de un gobierno ilegítimo, no reconocido por la comunidad internacional, podría generar un aislamiento político y económico sin precedentes desde hace más de cuatro décadas.
“Las élites guatemaltecas están jugando con fuego. Arrestar a Arévalo o desechar su victoria electoral provocaría un aislamiento regional, incluida la suspensión de las sanciones de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, y una estampida hacia la salida de cualquier inversor que busque oportunidades de nearshoring en el país”, señaló Benjamin Gedan, Director del programa latinoamericano del Wilson Center, un tanque de pensamiento con sede en Washington.
Para Gedan, los líderes empresariales guatemaltecos, “deberían utilizar su considerable influencia para interrumpir este Golpe de Estado lento ”.
“Dado el escrutinio internacional, robarse estas elecciones no redunda en su interés económico”, subrayó Gedan.
El pronunciamiento del viernes del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) parece ir en ese sentido.
“Ante los recientes acontecimientos en el país, reiteramos que los guatemaltecos votamos de forma pacífica en primera y segunda vuelta eligiendo a las próximas autoridades. El presidente y vicepresidenta, Sr. Bernardo Arévalo y Sra. Karin Herrera; diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados que ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral.Por lo anterior, cualquier acción que tenga por finalidad contravenir los resultados electorales ya oficializados, no debe tener cabida en nuestra democracia”, dijo el Cacif en un escueto comunicado.
Fue la primera vez que el Cacif mencionó a Arévalo y Herrera por su nombre, los comunicados anteriores eran más bien vagos, con términos generales de respeto a la voluntad popular y la democracia.
Graves consecuencias
Para el reconocido periodista guatemalteco, Juan Luis Font, “si se termina de concretar un golpe de estado en Guatemala las consecuencias políticas y económicas serán muy negativas”.
“En términos políticos en el país ya se constituye una dictadura, no personal como la de Daniel Ortega en Nicaragua, sino corporativa, que en términos reales es lo que ha estado funcionando en Guatemala, pero con el Golpe de Estado esto sería de una manera abierta y descarada”, señaló Font en declaraciones a Centroamerica360.
“En términos económicos yo presumo que tendríamos unas sanciones, al inicio moderadas, de parte de Estados Unidos y de parte de Europa pero que irían dirigidas específicamente a los intereses de la élite económica para que esta fuerce a los golpistas a democratizar el poder”, subrayó Font.
El periodista sostiene que “a iniciativa privada va a reaccionar y ya lo está haciendo en defensa del régimen constitucional porque no querría ni ver reducido, por ejemplo, su cuota de azúcar de exportación, su cuota bananera de exportación o de aceite de palma”.
¿Morirá la intentona en las cortes?
Font cree que la intentona golpista de anular las elecciones generales de junio y la segunda vuelta de agosto “va a morir en las Cortes”.
“Veo muy difícil que la Corte de Constitucionalidad admita el tipo de acciones que pretende llevar adelante el Ministerio Público aunque por supuesto, hay fuentes que me dicen que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad van a terminar aceptando este golpe”, advierte Font.
“Yo tengo confianza en que la Corte de Constitucionalidad le ponga límite a estos delitos porque me parece que el anuncio de sanciones tanto de parte de Estados Unidos, como de parte de Europa, afectaría mucho a los magistrados que se encuentran en la Corte de Constitucionalidad”, agregó Juan Luis Font.
Arévalo, quien ha bautizado la intentona como “Un Golpe de Estado en cámara lenta” subrayó el viernes que “el intento de golpe es real…” e hizo un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia “para que detengan las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el Ministerio Público”
El papel del Ejército
Font no ve al Ejército participando en el Golpe de Estado de forma tradicional, pero teme que si el golpe se concreta, sea utilizado para reprimir las protestas.
“Veo al ejército en un rol bastante secundario, sumamente complacido con el manejo de fondos que con muy escasa fiscalización le permite hacer el ejecutivo”, afirmó Font.
Lo que sí teme Font es que de concretarse el Golpe de Estado, las protestas multitudinarias se van a incrementar.
“Sino se ve el cambio de mando ahí si hay un riesgo de violencia para la población porque supongo que si se ejecuta el golpe va a haber una represión necesaria de parte de los golpistas para desincentivar las manifestaciones”, subrayó Font.