El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro de Ciudadanos de Guatemala están aplicando criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de candidaturas, denunció la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt).
“Este fenómeno, que ya hemos señalado como negativo, erosiona las bases sobre las que se asienta la credibilidad del proceso electoral y causa daños irreparables a su legitimidad”, señaló la MOE en un comunicado difundido.
La MOE ejemplificó cómo utilizó criterios extensivos a favor de los derechos humanos en el caso de la candidata Zury Ríos, de la alianza Valor-Unionista, a quien se ha señalado de tener una prohibición constitucional, al igual que en el caso del candidato vicepresidencial Romeo Guerra de la Unidad Nacional de la Esperanza, a quien se señala también encuadrar en una prohibición constitucional; y, por otro lado, impidió la participación del candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Jordán Rodas, bajo criterios rigoristas, sin realizar análisis respecto al señalamiento presentado ante la Contraloría General de Cuentas.
“De igual manera, revocó la inscripción del candidato presidencial Roberto Arzú, del partido Podemos y recientemente se negó a conocer su solicitud de reconsiderar tal denegatoria, pretendiendo asignar a la jurisdicción constitucional el carácter de medio de impugnación en material electoral”, denunció la MOE.
El consorcio de observadores identificó al menos 13 candidatos inscritos que enfrentan procedimientos de retiro de antejuicio en el Organismo Judicial y mostró la contradicción en las decisiones tomadas sobre los diputados Aldo Iván Davila Morales y José Armando Ubico.
“Al primero se le revocó la inscripción por solicitudes de antejuicio en su contra, y al segundo se le impidió participar por la misma razón y por una solicitud de extradición de Estados Unidos, por cargos relacionados con el narcotráfico”, señaló la MOE.
La misión recordó que han sido registrados candidatos con solicitud de antejuicio, entre los cuales destacan el diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva, quien está sindicado por el Ministerio Público por su presunta implicación en un hecho de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología, y el alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier, quien es investigado por su posible vinculación con una estructura criminal dedicada al narcotráfico y otros ilicitos.
“Las actuaciones y decisiones del TSE, al ser el más alto tribunal electoral del país, deben incluir un análisis sobre la presunta sustentación o, por el contrario, el carácter espurio o político de los señalamientos que se presentan en contra de algún candidato, incluso si se hace ante autoridades administrativas como la Contraloría General de Cuentas o judiciales, como puede ser la presentación de denuncias o solicitudes de antejuicio que no responden a conductas delictivas sino a intenciones frívolas para truncar y limitar la competencia electoral”, sostuvo la MOE.
La misión dice que el TSE no reglamentó oportunamente los criterios para resolver situaciones como las indicadas.
“Por ello, urgimos a los y las magistradas del TSE a revisar y analizar las decisiones del Registro de Ciudadanos y las propias, para cumplir adecuadamente con la responsabilidad constitucional que le corresponde, de asegurar la idoneidad de los candidatos y el libre ejercicio del derecho de ser electo de quienes han sido o son víctimas de señalamientos espurios que buscan manipular la competencia electoral”, señalaron.
La MOE menciona entre los candidatos que cuentan con solicitudes de retiro de antejuicio a
Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el partido Cabal, así como a diez candidatos a alcaldes y dos candidatos a diputados.