Nicaragua en prolongada crisis de derechos humanos bajo la dictadura sandinista

En un régimen donde los derechos humanos son pisoteados a diario, y de casi todas las formas posibles, activistas piden a la comunidad internacional no apartar la mirada de la nación centroamericana.

En conmemoración del 75° aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Colectivo Nicaragua Nunca Más exhortó a la comunidad internacional a no olvidar la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad y justicia, derechos asfixiados por la dictadura grotesca de la familia Ortega-Murillo, atornillada en el poder desde 2007.

Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis profunda de derechos humanos bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizada por crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.

Este 10 de diciembre, fecha que recuerda la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el Colectivo resalta la persistente persecución, acoso, encarcelamiento, tortura, desnacionalización y confiscación de bienes a manos del régimen nicaragüense.

Estas acciones contradicen los principios fundamentales de igualdad y dignidad humana consagrados en la Declaración Universal.

A pesar de la represión estatal, los ciudadanos nicaragüenses continúan denunciando abusos perpetrados por un aparato represivo compuesto por la policía, el ejército, jueces, fiscales y paramilitares.

La situación se agrava con la práctica de desnacionalización y confiscación, afectando a más de 300 nicaragüenses que fueron desterrados, muchos de los cuales han sido detenidos ilegalmente y sometidos a torturas.

La crisis en Nicaragua comenzó en abril de 2018 y ha dejado, según investigaciones y reportes de organismos internacionales, al menos 355 muertos, miles de heridos y detenidos, torturados y cientos de miles de desplazados.

La dictadura ha clausurado más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, universidades, partidos políticos, medios de comunicación y ha perseguido a la iglesia, expulsando a más de 200 religiosos y apresando a otros, como al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel.

Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos afectado por la revocación de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes, enfatiza que estas medidas violan tanto la Constitución de Nicaragua como la Declaración Universal de Derechos Humanos, puesto que la nacionalidad es un derecho humano fundamental.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más reafirmó su compromiso de luchar por una Nicaragua más justa, donde se respeten los derechos humanos y se garantice la libertad y dignidad de todos sus habitantes.

La situación en Nicaragua es un llamado urgente a la acción y al apoyo internacional para restaurar la democracia y los derechos fundamentales en el país, manifestó Carrión.

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