La decisión de la fiscalía guatemalteca de abrir un proceso de investigación contra el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez Gómez, hoy ministro de Defensa de su país, ha generado un fuerte roce diplomático entre los dos países.
El presidente colombiano Gustavo Petro salió en defensa de su ministro y llamó “inmediatamente a consulta” a la embajadora en Guatemala, Victoria González.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, mencionó Petro en su cuenta en Twitter.
“Los criminales reaccionan, nosotros no vamos a permitir que sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos, seguirá siendo ministro. Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, dijo Petro en declaraciones a medios colombianos.
El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, reaccionó diciendo que Petro cometía un “error de guerrillero”, en referencia a su pasado en grupos irregulares.
“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político”, dijo Giammattei en una entrevista con la agencia española EFE en Madrid, donde se encuentra para participar en una feria de promoción turística.
El gobierno guatemalteco reaccionó llamando también a consultas a su embajador en Bogotá, Reagan Vega. La cancillería guatemalteca además calificó de “exabrupto” la reacción de Petro.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca”, dijo la cancillería guatemalteca en un comunicado.
Velásquez encabezó la CICIG entre 2013 y 2019 y desde ahí dirigió las investigaciones del llamado caso “La Línea”, que llevaron a la renuncia en 2015 del expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos fueron condenados en 2022 por su involucramiento en una red de defraudación aduanera. El Ministerio Público guatemalteco ha emprendido una serie de persecuciones legales contra antiguos fiscales que trabajaron en emblemáticos casos de corrupción, algo condenado por la comunidad internacional.
Velásquez es señalado por solicitar cambios en acuerdos de colaboración para aparentemente proteger a exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, según Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Tanto la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, como el fiscal Rafael Curruchiche, han sido sancionados por Estados Unidos e incluidos en la Lista Engel como actores corruptos y antidemocráticos.
Precisamente Estados Unidos reaccionó este martes expresando preocupación por la decisión guatemalteca.
“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, dijo el subsecretario de Estado norteamericano, Brian A. Nichols, en su cuenta de Twitter.